Faltando pocas horas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia para el periodo 2026-2030, desde la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Ingenieros al Servicio de las Empresas de Energía, ASIEB, queremos compartir algunas reflexiones a las que les hemos estado dando vueltas a lo largo de esta campaña. No vamos a pretender que somos objetivos, porque tenemos una preferencia, pero buscamos que, más allá de las preferencias individuales, podamos reflexionar sobre la importancia de la decisión que el pueblo colombiano tiene que tomar el próximo domingo.
Polos en tensión
Se ha insistido en que el principal problema es que estas elecciones están muy polarizadas, lo cual es básicamente cierto, pero no necesariamente una mala noticia. Por décadas, los políticos en Colombia y prácticamente en todo el mundo sólo nos ofrecieron el modelo neoliberal, con algunas variaciones en la forma de aplicarlo y los tiempos, pero esencialmente todos ofrecían lo mismo: globalización, libre comercio, desregulación, privatización. Hoy ese modelo ha fracasado, al menos para los hegemones tradicionales: Europa y los Estados Unidos. Sólo China parece haber salido victoriosa de este proceso. Los demás países ricos se refugian ahora en políticas que hasta hace poco prohibían a todo el globo: proteccionismo, más aranceles, cierre de fronteras, control de la inmigración, regulación y vigilancia.
Ante el fracaso del modelo que, desde los tiempos de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, se imponía como solución universal, es interesante que se haya roto el consenso y que ahora haya propuestas nuevas sobre la mesa. Si polarización implica que es posible escoger entre dos propuestas de país realmente diferentes, bienvenida sea; esa es la promesa básica de la democracia: seleccionar entre propuestas diferentes. Ahora, si se considera que la diferencia sólo puede ser solucionada despedazando al contendor y usando la violencia para acabar con el pluralismo, tenemos problemas serios.
Hasta donde sabemos, ambos candidatos coinciden en algunos acuerdos fundamentales: reconocer la Constitución Política de Colombia y, por tanto, los poderes del Estado y las reglas del juego electoral, así como elementos claves como el hecho de que este país vive bajo un sistema económico capitalista. Aunque cada campaña lo ve de una manera diferente.
El candidato De la Espriella propone un mercado todopoderoso y un Estado subyugado a sus intereses, minúsculo y limitado a funciones muy específicas; unas relaciones internacionales orientadas a mantener la relación con los Estados Unidos y “protegerse” de China; un neoliberalismo extremo hacia adentro y un proteccionismo extremo hacia afuera; una economía que crece destruyendo empleos, tradiciones, sectores sociales y ecosistemas para que después pueda “derramar” a los más pobres; una política social basada en subsidios, una forma institucional de caridad, y en mecanismos de mercado para ofrecer servicios públicos y sociales.
Del otro lado, Iván Cepeda Castro propone un capitalismo social: un mercado abierto donde las empresas y la innovación puedan darse, pero que tenga regulaciones que protejan a los actores más débiles en el mercado, a los grupos sociales tradicionalmente excluidos y a los ecosistemas; unas relaciones internacionales soberanas, que no solo miren hacia las grandes potencias internacionales, a todas, sino que también reconozcan a los países del sur global; y una política social basada en generar capacidad y oportunidades en los grupos tradicionalmente excluidos, a través de mecanismos redistributivos fiscales.
Son claramente propuestas diferentes y eso enriquece la democracia. Y, dentro del sistema democrático, lo más probable es que las fuerzas de uno y otro bando intenten bloquear las propuestas de cambios más profundos en el Congreso. Como ya pasó en el ciclo político que se está cerrando.
Colombia en otra fase
Este país ya cambió y ese cambio no lo revierte ningún resultado electoral. Por primera vez las mujeres, los pobres, los indígenas, los afrodescendientes, los sindicalistas, los sectores LGBT, los trabajadores y trabajadoras de la cultura supieron lo que era tener un gobierno amigo. Eso no quiere decir que todo el mundo esté contento con el gobierno que termina el 7 de agosto, mucho se pudo haber hecho de manera diferente, pero se sintió un cambio importante y el país no se acabó, como muchos pronosticaron. Las mismas instituciones que permitieron elegir a Gustavo Petro presidente en 2022, son las que permitirán elegir a su sucesor este domingo.
De otro lado, el uribismo ha muerto. El expresidente, sus candidatos y su partido, como un todo, han venido perdiendo relevancia y protagonismo político. La nueva derecha del apodado el Tigre intenta alinearse más a la derecha, sintonizarse con las nuevas derechas internacionales, basadas en redes sociales, centradas en un discurso de miedo a lo diferente, culto a la acción como espectáculo y a los estereotipos tradicionales de género, y convencidas de que siempre hay una conspiración tras ellas. Todas estas formas no son del todo nuevas, pero el nuevo caudillo que recoge esas banderas las presenta como nuevas y originales, al tiempo que retoma las maquinarias y las alianzas de siempre, pero todo bajo la mesa para, en público, presentarse como disruptor.
Curiosamente, los medios de comunicación corporativos, más alineados con el establecimiento, han ayudado a construir un relato inverso de las figuras en la disputa. A De la Espriella se le presenta como el “outsider” y el disruptivo, mientras que Iván Cepeda Castro termina convertido en el político tradicional que defiende el statu quo. La izquierda es la opción conservadora. Pero ese relato es falaz. Es cierto que Iván Cepeda ha sido miembro del Congreso desde 2010 y que su padre, el asesinado líder de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, también fue congresista; el rol de ambos fue, hasta 2022, de opositores a un régimen que De la Espriella siempre defendió desde adentro, no solo como defensor de paramilitares y corruptos, sino como contratista estatal. Este candidato representa el establecimiento tradicional, los mismos que siempre han estado en el poder, mientras que Iván Cepeda lidera un proyecto de país que sólo hasta hace cuatro años pudo hacer su primer intento en el gobierno.
Pilas con el sector eléctrico
La aplicación del modelo neoliberal en Colombia implicó la privatización del sector eléctrico en los años 90. Para la ciudad de Bogotá y sus alrededores, estos 30 años han sido básicamente un proceso de extracción de riqueza, con apenas algunas mejoras superficiales en la gestión del servicio. Muchas de las redes eléctricas de la capital apenas han recibido mantenimiento en este periodo, los apagones son constantes y las condiciones del trabajo se han precarizado al máximo a través de procesos de tercerización y desmonte de garantías.
Mientras tanto las corporaciones multinacionales que han operado el sistema no solo han extraído miles de millones de euros, sino que han quedado con el control físico del sistema. El centro de mando de la energía de Bogotá ahora está en Italia, con lo cual no se puede hablar de soberanía energética.
Y la situación puede ser aún más grave: en la Costa Caribe colombiana, las tarifas han alcanzado niveles impagables para las grandes mayorías y los problemas de corrupción e ineficiencia que se achacaron a la gestión pública de las empresas se acrecentaron en manos de los privados.
Las Leyes 142 y 143 de 1994, que en su momento fueron presentadas como el mecanismo que evitaría la concentración del mercado energético en pocas manos, han sido usadas justo para lo contrario. Esto, gracias a una pequeña camarilla de “expertos” que rotan entre los altos cargos de las empresas y las entidades reguladoras, y que también son quienes analizan sin contradictores la situación energética en los medios.
El gobierno que está terminando no logró cambiar mucho, pero al menos es el único que lo ha intentado en tres décadas. Los intentos de Petro de poner en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) al menos un profesional con una perspectiva diferente a los intereses de las multinacionales dominantes fueron presentados por los medios y sus “expertos” como un intento de meter “políticos” en una instancia “técnica”, como si en los seis lustros de privatización no se hubiera defendido en la CREG un modelo político que ha tenido consecuencias funestas para los consumidores de energía y para los trabajadores del sector.
También este gobierno ha venido impulsando un proceso de consultas con diversos sectores sociales, incluyendo empresarios, consumidores, sindicatos y empresas del sector, para la reforma de las Leyes 142 y 143 de 1994. El proceso ha avanzado poco debido a su complejidad y a las claras diferencias de intereses entre los actores involucrados, aunque se le abona al gobierno que por primera vez considere a quienes resultan afectados por el modelo y no sólo a los actores que sacan el beneficio económico.
Otra propuesta del gobierno que se puede destacar es la de las comunidades energéticas, un mecanismo por el cual las pequeñas comunidades pueden desarrollar infraestructuras locales para generar al menos una parte de la energía que consumen. Desde los medios, de nuevo con el auspicio de los grandes pulpos corporativos, esta propuesta se ha desdibujado como si se buscara fracturar el sistema interconectado y no complementarlo, en especial en las zonas en las que la interconexión es débil o inexistente.
En un plano más amplio, el actual gobierno ha propuesto que Colombia lidere la transición energética, un profundo cambio civilizatorio en el que la humanidad deberá abandonar los combustibles fósiles como principal fuente de energía y crear un espectro más amplio de fuentes de energía que permitan mitigar los efectos que ha tenido sobre el clima y, en general, sobre la biosfera la quema de carbón, petróleo y gas durante los últimos 300 años.
Iván Cepeda ha planteado que continuaría, en términos generales, con estas políticas energéticas en proceso de concertación y cambios graduales, pero sin perder de vista la urgencia de integrar nuevos actores, en especial comunitarios. Su opositor considera que se debe volver al modelo que en estos cuatro años se empezó a modificar, centrado en el lucro inmediato de los inversionistas, sin ninguna consideración por los impactos ambientales, sociales y económicos de largo plazo.
No desenchufar los derechos
El candidato opositor insiste en que su frase “destripar a la izquierda” fue una elaborada figura literaria que quería decir algo completamente diferente. Sin embargo, la historia de Colombia está llena de frases como esas que han sido consumadas de manera muy literal, por lo que el temor de los sectores progresistas por su propia vida no es un asunto menor. Pero, más allá de los planteamientos extremistas que, esperemos, puedan tener contenciones institucionales, las preocupaciones por la vigencia de los derechos son muchas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció un universo provisional de 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales —conocidas como “falsos positivos”— cometidas en Colombia entre los años 1990 y 2016, por sólo poner un ejemplo.
Para los autodenominados “libertarios”, la libertad es un asunto del capital, no de las personas. Es de esperarse que, ante un eventual triunfo de la propuesta de extrema derecha, la libertad del dinero de dar sus máximos rendimientos se anteponga a la libertad de los trabajadores para organizarse y exigir de manera colectiva sus derechos y garantías constitucionales. De manera similar, se teme que la seguridad jurídica de los capitales gane preeminencia ante, por ejemplo, la seguridad ecológica de la megabiodiversidad colombiana.
Mantener el circuito democrático
El voto es personal, secreto y se espera que se base en una decisión racional, no en el miedo o la desinformación. En estos párrafos hemos intentado hacer un análisis desde una perspectiva y conscientes del sesgo que eso implica. El próximo lunes ya conoceremos el nombre del presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. En cuatro años habrá una nueva oportunidad de enfrentar los polos opuestos, a lo largo de ese periodo, ASIEB seguirá luchando por mejores condiciones laborales para las personas que trabajan en el sector eléctrico colombiano, así como por un servicio eléctrico de mejor calidad para quienes habitamos en todas las regiones de Colombia, pero sobre todo porque las libertades democráticas que nos permiten opinar, disentir y proponer un mejor país se sigan fortaleciendo.